El pasado 6 de febrero de 2009, ocho indígenas pertenecientes a la nacionalidad Awa fueron ejecutados por guerrilleros de la Columna Antonio José de Sucre de las FARC-EP, acusados de entregar información al Ejército de Colombia con el propósito de lograr la ubicación de las y los guerrilleros en un área que es objeto de un operativo militar.
Los Awa son un pueblo ancestral localizado en territorio ecuatoriano donde existe una población estimada de 3500 personas y en territorio colombiano donde existen alrededor de 30000 habitantes, ubicados principalmente en los departamentos de Nariño y Putumayo. La lengua propia de los Awa es el Awápit.
El pueblo Awa, tanto en Ecuador como en Colombia, ha visto amenazada su existencia por diversas causas, las mismas que están relacionadas fundamentalmente con la lógica destructiva del sistema capitalista sobre el medio ambiente y que, por ende, atentan contra el propio ser humano. Las principales amenazas para este pueblo tienen que ver con la destrucción del ecosistema donde habitan debido a las actividades de las empresas madereras, así como por la presencia de plantaciones agroindustriales de palma africana, la minería, la colonización indiscriminada, la construcción de carreteras sin criterio técnico y el conflicto armado que vive Colombia originado por la explotación y represión desatada contra campesinos, obreros, estudiantes e indígenas del hermano país por parte del imperialismo norteamericano y las oligarquías vende patrias.
Tras la ejecución de los ocho indígenas, el gobierno de Uribe, los medios al servicio de los grupos de poder en Colombia y en otros países que se hicieron eco de las informaciones de sus colegas, organizaciones indígenas colombianas, así como diversos grupos de derechos humanos condenaron a las FARC-EP por lo que, con énfasis, calificaron como masacre.
El Diccionario de la Lengua Española define masacre como “la matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida.” Matanza es “la acción y efecto de matar”, la “mortandad de personas ejecutada en una batalla, asalto, etc.”.
A partir de la definición expuesta y del comunicado de la Columna Antonio José de Sucre de las FARC-EP que falsimedia, como es obvio, no tomará en consideración para llevar adelante un proceso de investigación serio sobre el hecho, ni tampoco los intelectuales “progre” enquistados en las diversas ONG,s preocupados en forma abstracta de los derechos humanos sin cuestionar al sistema que los viola y, mucho menos, el régimen uribista, hay que señalar que el término adecuado para explicar lo sucedido es el de ajusticiamiento realizado contra un grupo de personas detenidas por una acción que, en un conflicto armado, para una organización revolucionaria en armas, es considerado como un delito grave.
Esto ha sucedido históricamente en todos las conflagraciones bélicas. No se puede analizar la realidad de la guerra a partir de consideraciones de carácter moral, sino a partir de las condiciones reales objetivas en las que se desenvuelve un conflicto. Y esto, de ninguna manera, significa que se pueda aceptar como válido todo lo que se haga por parte de uno de los bandos en conflicto con el que alguien se identifique en una guerra. Lo importante es, como explica Alfonso Sastre, en primer lugar, distinguir las cosas, identificar sus causas, para poder entenderlas.
¿Qué papel cumplían esos ocho indígenas? Si lo expuesto por la columna de las FARC-EP es real, no es otro que el de informantes, de soplones. Si esto ha traído como consecuencias que la guerrilla sea golpeada, no quedaba otro camino para la organización revolucionaria que tomar medidas severas contra quienes, de una u otra forma, están afectando a sus intereses. Esta medida se puede haber tomado contra indígenas Awa o de otra nacionalidad o personas de cualquier grupo étnico. Falsimedia y los maestros de propaganda del uribismo, así como los despistados intelectuales “bien pensantes” hablan de masacre contra el pueblo Awa, queriendo con ello presentar ante el mundo que hay una política deliberada por parte de las FARC-EP para exterminar a ese pueblo. Nada más falso y alejado de la realidad. La lucha, dice el comunicado de la Columna Antonio José de Sucre de las FARC-EP, no es contra los indígenas, sino contra personas determinadas que “independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc., aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar”.
¿Se debe condenar este hecho? Depende con el lente con el que se lo vea y desde la óptica que se lo quiera mirar. Para los poderosos, explotadores y asesinos del pueblo colombiano este reconocimiento público de las FARC-EP de la ejecución de estos informantes, constituye un elemento para desatar otra feroz campaña mediática en su contra y descalificarlos, nuevamente, ante la comunidad internacional. El mundo está “horrorizado”, dicen los medios del engaño, frente a ésta “atrocidad que debe ser condenada”. La lucha de los débiles contra sus opresores y sus esbirros, una vez más, es presentada como un acto criminal y, por ende, irracional. Para quienes están del lado equivocado, es decir del lado del que no están los poderosos, estas acciones están justificadas por los actos que llevaron adelante esos sujetos al poner en riesgo la vida de las y los guerrilleros farianos, así como de su organización. Los medios que hoy están “horrorizados”, que no investigan y que pretenden analizar la realidad desde sus concepciones morales y religiosas, no ponen el mismo acento, ni se aterran cuando el Estado fascista colombiano, el régimen uribista, el ejército asesino de ese país y los paramilitares masacran a poblaciones, a campesinos, a obreros, a estudiantes indefensos, para luego presentarles como guerrilleros abatidos en combates. Sobre esos falsos positivos prefieren hacerse de la vista gorda y no ser tan sentimentales. Eso es cinismo. Como lo es el querer presentar la acción de la Columna Antonio José de Sucre como un hecho criminal contra todo un pueblo, cuando fue una acción legítima de defensa contra un grupo de personas que estaban espiando para el ejército colombiano, alentadas por la política de sobornos, de chantaje y de compra-venta de personas a las que el gobierno uribista, a través de su política de seguridad democrática, las ve únicamente como mercancías.
E igual de hipócrita es la conducta de quienes hoy condenan este acto de las FARC-EP, cuando mantuvieron un silencio cómplice o se alinearon descaradamente con el régimen narcoparamilitar de Uribe cuando éste mando a reprimir las marchas de indígenas y campesinos realizadas en el mes de noviembre de 2008. O el mutismo cobarde que mantienen frente a los ataques y acusaciones de Uribe contra el movimiento de personalidades a nivel mundial, comprometidas en forma efectiva para llevar adelante el proceso de paz en Colombia.
En esta guerra psicológica de baja intensidad, los intelectuales progre y los indigenistas que pretenden ver dentro de sus pueblos un mundo solo de bondad y pureza, olvidan que en todo grupo humano que vive condicionado por las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales e ideológicas en las que el capitalismo ha sumido a la humanidad toda, de una u otra manera, también existen contradicciones y conflictos marcados por cuestiones de diverso tipo que empujan a determinados individuos a actuar bajo ciertos parámetros que, en muchas ocasiones, pueden ser repudiables como son la traición o la entrega de información a cambio de dinero o para recibir algún favor o para velar por sus propios intereses en desmedro del colectivo social. En cada grupo humano, en cada vínculo que establecemos también está presente el patrón de interacción social clasista y la concepción ideológica que tenemos respecto al mundo que nos rodea. Y dentro de los Awa, también deben existir esa clase de sujetos miserables.
Uribe y sus secuaces narcoparamilitares como Juan Manuel Santos, están desesperados porque hace un año, con bombos y platillos, anunciaban el cercano fin de las FARC-EP. Hoy, la organización revolucionaria ha demostrado una positiva capacidad de adaptación al nuevo escenario de lucha que se le ha planteado, lo cual le ha permitido afianzarse una vez más en el combate. De igual manera le ha demostrado al mundo su voluntad de querer llegar a un acuerdo humanitario para el canje de prisioneros. Y por último ha demostrado, pese al costo político y los embates que sufrirán, tener honestidad al reconocer sus acciones. Eso es lo que a los narcoparamilitares del uribismo les tiene irritados. Por ello deben aprovechar cada cosa para golpear propagandísticamente a las FARC-EP.
Pero la realidad, al igual que se demostró en relación al espectáculo teatral realizado magistralmente Ingrid Betancourt durante y después de estar como prisionera de las FARC-EP, analizado con precisión por Jesús Santrich en uno de sus escritos, una vez más permitirá confirmar de qué lado está la verdad y de qué lado está la mentira y el engaño.